La introducción de la variable ambiental en los planes reguladores ha sido motivo de disputa con los sectores de construcción e inmobiliario respecto a las políticas de ordenamiento territorial. En la administración 2018-2022 se flexibilizaron estas políticas lo que hace retroceder al país en más de dos décadas cuando los planes reguladores se hacían a partir de intereses inmobiliarios con una planificación urbana cuyo mayor interés es asegurar la plusvalía de los terrenos ignorando los estudios geológicos y ambientales.